El equipo de gobierno socialista
y sus socios han decidido, sin ningún consenso vecinal, destruir el plan de
movilidad urbana que se aprobó en 2012 en cumplimiento con la Ley de la
Comunidad Valenciana que obligaba a todas las ciudades a disponer de este tipo
de planes definidos, y que los socialistas habían ignorado durante su
legislatura, pese a ser una obligación su establecimiento.
La ley de movilidad urbana tiene
por objeto regular las diversas competencias que en materia de movilidad
corresponden a la Generalitat de acuerdo con el Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, y, en particular:
1. Establecer los criterios generales destinados a promover la movilidad en el
marco del mayor respeto posible por la seguridad, los recursos energéticos y la
calidad del entorno urbano y del medio ambiente.
2. Regular los instrumentos de planificación necesarios en orden a alcanzar los objetivos antes señalados.
3. Regular el servicio público de transporte terrestre de viajeros y el servicio del transporte público.
4. Regular las infraestructuras de transporte, así como las logísticas.
2. Regular los instrumentos de planificación necesarios en orden a alcanzar los objetivos antes señalados.
3. Regular el servicio público de transporte terrestre de viajeros y el servicio del transporte público.
4. Regular las infraestructuras de transporte, así como las logísticas.
En cumplimiento con esta Ley,
desde el partido popular, decidieron asumir la responsabilidad municipal y aplicar la legislación vigente, ignorada por los socialistas, para acometer la planificación y ejecución de
dicho plan de movilidad. Y para ello, se pusieron en marcha distintas reuniones
ciudadanas para consensuar los criterios técnicos con las necesidades de los
vecinos y, entre todos los agentes de la sociedad de Onda, alcanzar los
acuerdos necesarios para definir los objetivos fijados en dicha Ley de
Movilidad Urbana que, además, era subvencionada por la Generalitat Valenciana.
Pero tal como lamenta la
portavoz del PP de Onda: “después de tanto tiempo de trabajo y consenso con los
técnicos y los vecinos, Huguet y sus socios han comenzado a cambiar direcciones
de tráfico sin ninguna lógica”.
Desconocemos quien ha podido
asesorar en este sentido al equipo de gobierno para que hayan considerado
necesaria la modificación de un Plan de Movilidad, elaborado por técnicos
expertos en esta materia, para, sin ajustarse a los criterios que marca la Ley de la
Generalitat Valenciana, incumplir la legislación vigente sobre
planteamientos integrales de transporte.
La ciudadanía tenía el derecho
a conocer y participar en la planificación y regulación de las normativas
aplicables, tal como se hizo en 2012 por el equipo de gobierno popular.
Concepto que ha desoído el actual equipo de gobierno socialista para
desarrollar su planificación de forma unilateral y sin que la administración
local haya permitido la participación ciudadana y la correcta divulgación con el
máximo conocimiento posible de los documentos aprobados para su modificación.
Los vecinos nos hemos enterado de los cambios de direcciones a través de los
medios de comunicación, una vez que se habían aprobado, vulnerando los derechos que
en materia de movilidad tenemos reconocidos.
Ignoramos si esta planificación secreta ha sido motivada por intereses personales con el objetivo de beneficiar a los amigos, conocidos o familiares que les hayan podido solicitar cambios de direcciones en sus lugares de residencia. Pues, de no ser así, se hace incomprensible que hayan podido acumular tantas incorrecciones administrativas en un solo expediente.
Por ello instamos al equipo
de gobierno del cuatripartito a que sea consecuente con la responsabilidad que
han adquirido frente a sus vecinos y que sean capaces de gestionar los recursos
públicos en beneficio de toda la sociedad y no sólo de los amigos porque, de
ese modo, incumplen las obligaciones reconocidas en el ámbito gubernamental
y que han jurado o prometido cumplir y defender.
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